LA ABROGACIÓN DEL CÓDIGO PENAL.- O SE SANCIONA O SE VETA HOY…. NO QUEDA OTRA OPCIÓN.

Hoy es el día “D” para el gobernante de facto, cuando ya mañana jueves habrá transcurrido el término de ley para cumplir con lo que le impone la Constitución de la República en sus artículos 215 y 216. En esas circunstancias deberá necesariamente e inevitablemente decidir si dispone activamente sancionar el Decreto Legislativo en el que se abrogó en “Código Penal de la Impunidad” mandándolo a publicar como ley; o en caso contrario vetarlo y devolverlo al Congreso Nacional exponiendo las razones en que funda su desacuerdo.

Si dispone pasivamente abstenerse de la sanción y del veto, no quedará eximido de la obligación también ineludible como inevitablemente de mandarlo a promulgar conforme lo ordena el artículo 216 constitucional; pues esa abstención deberá interpretarse constitucionalmente como una sanción tácita.

El mismo 24 de junio se envió a la Secretaría de Estado en la Presidencia de la República el Oficio JDP-001-2020 mediante el que solicitaba que la Presidencia de la República (no la Secretaría de Estado) sancionara el Decreto contentivo de la abrogación del Código Penal de la Impunidad. Se usó el canal de la Secretaría de la Presidencia por  ser el canal protocolario para este tipo de trámite.  La función del Secretario de Estado es trasladarlo a la Presidencia de la República para que, en este caso, el gobernante de facto cumpliera con lo que dispone la Constitución al respecto.

En un indebido accionar el Secretario de la Presidencia lo que hizo, contrario a lo que dispone la ley, fue dirigir un oficio al Secretario de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, argumentando infundados inconvenientes para darle trámite a la sanción solicitada. Es indudable que don Ebal Díaz no obstante haber prestado promesa constitucional al asumir su cargo, de ser fiel a la República y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes,  está desconociendo la advertencia que hace la Constitución den la República en su artículo 321 en cuanto a que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad… Rechazar con argumentos-pretextos el Oficio enviado por la Secretaría de la Junta Directiva Provisional del 24 de junio, en lugar de darle el trámite para que desde la Presidencia se disponga lo que se haría con base a los artículos constitucionales 215 y 216, refleja la intencionalidad del Secretario de la Presidencia; obstaculizando el curso de ley que desde esa Secretaría de Estado debe darle al Oficio de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional. 

Es de la exclusividad constitucional de la Presidencia de la República -por medio de quien en este  caso está actualmente de facto en ese cargo- de disponer sobre el acto personal suyo de sancionar o vetar el Decreto que le ha sido enviado; y en este último caso “exponiendo las razones de su desacuerdo”… no es otra cosa distinta lo que manda la Constitución de la República.  Si el gobernante de facto ordenó a su Secretario de la Presidencia contestar el Oficio que le fuera enviado solicitando la sanción del Decreto, el “de facto” ha violentado lo que dispone la Constitución de la República que en su artículo 216 le da expresamente un mandato  único: sancionarlo o vetarlo exponiendo las razones de haber optado por lo último… es en el acto del veto donde debe exponer todo lo que concierne en torno al decreto con el que no esté de acuerdo.  Si por el contrario fue una decisión personal del Secretario de la Presidencia de declarar su inadmisión (pues en su respuesta no dice si lo hace en nombre del gobernante de facto) entonces el señor Díaz está violentando lo que dispone el artículo 321 constitucional, acarreando la responsabilidad debida.

Esperamos pues que el gobernante de facto haga uso, el día de hoy miércoles 8 de julio, de las únicas dos opciones sobre lo que le manda la Constitución de la República: o sanciona el Decreto o lo veta exponiendo sus razones de él.

Si llegamos al día de mañana sin veto y sin sanciones, no le quedará más que cumplir con el artículo 216 constitucional: mandar de inmediato a promulgar el Decreto.

Por Melvin López Herrera.

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