Abrogar y Encarcelar. Editorial viernes 19 de julio, 2019.

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Abrogar es la suspensión total y permanente de una ley, dejándola sin efecto.

Derogar es el acto jurídico a través del cual pierde su vigencia, alguna o algunas de las disposiciones contenidas en una ley.

En lo que se refiere al nuevo código penal que pretenden que entre en vigencia en el mes de noviembre de este año, existe un camino nada más, su inmediata abrogación. En cuanto a sus creadores, existe un camino nada más, proceder judicialmente en contra de ellos y encarcelarlos.

El nuevo código penal fue orquestado, concebido y pretenden ponerlo en función como la culminación del más descarado acto criminal. Aprobado a mata caballo en altas horas de la noche, justamente a escasos minutos para que los diputados del congreso del año 2014-2018 se les venciera su mandato, en una clara asociación ilícita, los “padres de la patria” parieron semejante engendro. Ese evento no fue un acto realizado al azar o por simple ignorancia e incapacidad de los legisladores, fue un acto premeditado, con la intención de construir un purgatorio liviano en donde pudieran pagar sus pecados cometidos. No bastando con esto, análisis realizados por el equipo legal del CNA, han concluido que en por lo menos cuatro artículos, algunos congresistas modificaron lo aprobado con lo que ha sido publicado y existen indicios que incluso inventaron articulados que nunca fueron discutidos.

La verdad es que cada vez conocemos un poco más de amplios comportamientos reñidos con la ley que involucran a múltiples miembros del congreso nacional de la pasada y presente administración (para no irnos tan atrás en nuestra historia). Estos sujetos hoy presentan sus barrigas abultadas con la satisfacción plena del “trabajo bien hecho” y de la opulencia conseguida por sus altas capacidades en la transa. De harapos a sacos, de a pie a lujosos carros, de castos a prepagos, de burritas a manjares, de nadies a “honorables, así de fácil y “bella” ha sido la vida de muchos que encontraron la fórmula mágica para alcanzar la riqueza en el abuso del poder y en la repartición de contratos y servicios sobrevalorados; pero para ponerle el chongo de oro a ese regalo democrático, es necesario un escalón más, la perpetua impunidad.

El código penal es una norma hecha por delincuentes para proteger a delincuentes. Es la herramienta necesaria para completar el crimen perfecto. Es la señal más clara del descalabro de valores de quienes suponen gobernarnos en su función principal de servir a los demás. No existen medias tintas, este nuevo código penal es una obra aberrante y monstruosa, un intento vil que se pretende ejecutar ante la vista de todos. Es tanta la necesidad de conseguir esa impunidad, que hemos escuchado declaraciones de miembros de la junta directiva del actual congreso, que en clara voz amenazan al pueblo, manifestando que pase lo que pase o digan lo que digan, el código del mal entrará en vigencia en noviembre.

Parece que existen algunos congresistas que son ignorantes de la fuerza del pueblo y de la cercanía del límite de la paciencia de los ciudadanos honestos del país. No nos debería de sorprender, pues ya nos lo habían indicado: si algo sobresale de esta mara de parlamentarios, es su bajo nivel intelectual y su pobre capacidad para legislar, salvo honrosas pero pocas excepciones. Cuando ya no existe habilidad ni decencia, para realizar la función para la que fueron electos, no les queda más que robar. Cuando la base que sostiene la función pública es una cleptocracia con todos sus derivados como son el nepotismo y el peculado, el siguiente paso es la impunidad. Suficiente les hemos tolerado como sociedad a estos delincuentes, pues el término corruptos ya les queda corto.

Está tan bien articulado el código delincuencial, que de llegar a estar vigente, aunque sea por segundos, pondría en precario la existencia de los probos, pues su aplicación no fue solo ideada para favorecer a los corruptos, sino que también para castigar a aquellos que los oponemos frontalmente. De aplicar este siniestro código, los delincuentes caminarán en libertad plena y los honestos dormiremos en las cárceles. La combinación de un cuerpo legal pro impunidad, en manos del poder de los infieles, es la consolidación absoluta del mal.

No podemos permitir que el código penal entre en vigencia, debemos estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para evitarlo; caso contrario, estaremos enviando el mensaje que somos un pueblo hincado ya a la podredumbre permisiva que nos roben todo, incluso nuestra integridad.