Ufecic advierte que perseguirá el 2019 a caso de empresas fantasmas a cargo de Yolani Batres y otros casos.

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar este 2019 judicializando líneas de investigación que implican a funcionarios y exfuncionarios en actos
de corrupción.

“En el 2019 continuaremos firmes con las investigaciones de los casos de corrupción asignados y las nuevas líneas de investigación derivadas de los casos ya judicializados, somos conscientes de los retos y riesgos a los que nos enfrentamos”, señalaron las autoridades de la Ufecic mediante una publicación en las redes sociales.

En otra publicación establecieron que “no será fácil, pero será menos difícil si tenemos la colaboración de todos los buenos hondureños. Así como el apoyo de la comunidad internacional, lo cual será fundamental”.

Desde su creación, la Ufecic, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), presentó en 2018 siete acusaciones penales contra 88 personas por la supuesta malversación de 1,564 millones de lempiras. Y un octavo proceso de aseguramiento de 46 bienes, por la vía civil de privación de dominio.

168 licitaciones dio la Secretaría de Salud a cargo de Yolani Batres a “empresas de maletín” próximo caso según MACCIH

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó la multimillonaria sobrevaloración de compras de insumos en la Secretaría de Salud hechas a una red de seis empresas constituidas por familiares de la exsecretaria general de esa entidad, Cristina Díaz, cuya denuncia fue publicada en exclusiva por la Unidad Investigativa de EL HERALDO en octubre de 2014.

El Ministerio Público se apresta a presentar requerimientos fiscales por este delito, según el CNA.

La Secretaría de Salud adjudicó 168 licitaciones privadas a las empresas Laboratorios D’ la Roja, Productos Químicos Industriales, Central Distribuidora, Distribuidora Comercial, Inversiones Corporativas de Latinoamérica y Lofarma, a las que por esos procesos se les pagaron 43.1 millones de lempiras.

Algunos productos fueron sobrevalorados hasta en mil por ciento, de acuerdo a la información obtenida por UFECIC y MACCIH.

Fue en octubre de 2014 que la Unidad Investigativa reveló que cinco sociedades creadas por familiares de la secretaría de momento estafaron a la Secretaría de Salud al venderle medicinas e insumos sobrevalorados, en algunos casos hasta en un mil por ciento.

Estas operaciones ilícitas se llevaron a cabo entre 2011 y 2013, es decir durante el gobierno pasado del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

La información fue rastreada y documentada por Honducompras, a través de una exhaustiva y minuciosa revisión de documentos que fueron cotejados con cotizaciones en el mercado nacional.

En ese momento se dio cuenta de que se habían emitido 40 contratos para esas empresas por los cuales se les cancelaron 16.3 millones de lempiras.

Droguerías de El Heraldo se beneficiaron al mismo tiempo puesto que el diario tiene droguerías a nombre de otras personas socias del diario informativo El Heraldo La respuesta de Salud ante esta petición de información tardó seis meses, pese a que la Ley de Transparencia establece un plazo de 20 días como máximo para suministrar los datos que se requieran por un peticionario.

La empresa Productos Químicos Industriales ganó 59 licitaciones por las que se le cancelaron 24,192,953.68 lempiras, mientras que a Lofarma se le cancelaron 6,869,892.87 lempiras debido a que se le adjudicaron 13 licitaciones.

Mientras, Laboratorios D’ la Roja recibió 6,086,986.15 lempiras como consecuencia de 59 licitaciones ganadas.

Por su lado, Central Distribuidora recibió, al ganar 13 licitaciones, un total de 5,923,883.28 lempiras.

Central Distribuidora obtuvo 3,547,944 lempiras gracias a que ganó 13 licitaciones, mientras que a Inversiones Corporativas de Latinoamérica se le pagaron 1,298,907.50 lempiras a raíz de que se le otorgaron 23 procesos de compra.

Nuevo hallazgo: dueños del Diario El Heraldo y ministra Yolani Batres

Otro hallazgo de esta trama de corrupción en Salud consiste en que no se encuentran los expedientes de más de 400 licitaciones que se habían adjudicado.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Finanzas, el ministro de Salud aprobó los pagos para esas empresas, pero no hubo conciliación, es decir que no se hizo la transferencia financiera.

Pero independientemente de que no se haya hecho el pago de las licitaciones, Salud debió de conservar en sus archivos los expedientes de las licitaciones, tal como lo ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que Cristina del Carmen Díaz Tábora, exfuncionaria del Congreso Nacional y exsecretaria general de la Secretaría de Salud, se benefició con licitaciones sobrevaloradas realizadas por esa entidad.

El documento establece que entre 2010 y 2013, cuando Díaz Tábora era la gerente legal del CN, también fungía como accionista de la empresa Central Distribuidora (Cedisa), a la que en ese período Salud le adjudicó 14.3 millones de lempiras en licitaciones.

Esta entidad que lucha contra la corrupción en el país destaca que el artículo 15 inciso 4 de la Ley de Contratación del Estado indica como inhabilidad para contratar con el Estado el ser funcionario o empleado al servicio de los poderes estatales; en su inciso 6 menciona el ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La falta de documentación soporte de las licitaciones fue otra acción irregular que fue confirmada por el Consejo Nacional Anticorrupción.

El jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos, Dagoberto Aspra, confirmó que el caso de la sobrevaloración en las compras de fármacos e insumos fue también documentado por esa entidad y que las pruebas fueron remitidas al Ministerio Público para que presente el requerimientos fiscal.

“En Salud ya presentamos (a la Fiscalía) una línea de investigación finalizada por tráfico de influencias de una exfuncionaria de Salud y que encierra varias empresas cuyo perjuicio a la Secretaría de Salud fue de 50 millones de lempiras”, expresó.

La exfuncionaria a la que hizo alusión Aspra sería Cristina Díaz, pero esta no quiso confirmarlo para no entorpecer la investigación del Ministerio Público.

“Esta funcionaria de Salud, ella salió de la institución al ser confrontada por este ente de investigación, ella se desesperó y ella salió de la institución en esta administración”, dijo.

Así se probó la corrupción

Honducompras publico expedientes de contratos de compra de medicamentos e instrumentos quirúrgicos otorgados a las seis empresas relacionadas a Cristina Díaz y posteriormente se procedió a cotejar si los precios de los productos estaban de acuerdo a lo que se cotiza en el mercado.

También se hizo una búsqueda en la página web de Honducompras de actas de adjudicación concedidas para esas empresas con el fin de hacer el mismo ejercicio de comparación de los precios que constan en esos documentos con los que ofrecen otras compañías.

Se visitaron varias casas distribuidoras y se comprobó que los precios estaban inflados de forma desproporcionada.

Por ejemplo, Salud le compró a Dicomer un lote de forceps (pinzas para extraer piezas dentales) cuyo precio unitario fue de 1,687 lempiras, pese a que el valor real en establecimientos era de 217.39 lempiras.

También la empresa Incorsa le vendió a Salud mecheros de vidrio por 2,111.20 lempiras cuando el costo en empresa distribuidoras es de 60 lempiras por unidad.

Por su lado, las fresas de diamante (cabezas para limpieza de dientes) que en el mercado se venden a 160 lempiras fueron vendidas por Dicomer a Salud a valores entre 125 y 250 lempiras.

 

 

 

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