Ministro Pacheco dice que Honduras “alcanzara niveles de seguridad de países del primer mundo” pero no pudo detener a hermano narcotraficante del presidente de Honduras

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Honduras

En un informe creado por la misma policía nacional sin supervisión de ninguna organización internacional aseguran que Honduras ya no existen crímenes y muertes.

informe lo reveló el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, luego de confirmarse que Honduras cerrará 2018 con menos de 40 muertes por cada 100,000 habitantes y que la tendencia a la baja puede ser hasta de siete puntos.

El funcionario indicó que la tarea del Estado de Honduras es “no volver a estar en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo y esto nos ha permitido alcanzar parámetros que solo los han obtenido los países desarrollados”.

Pacheco adelantó que “el trabajo ahora se enfocará en atacar otras aristas de violencia como las riñas, vendettas, problemas familiares y en los que entra en juego el aspecto cultural”.

También se incluirá el ataque frontal a los problemas de violencia en el transporte urbano, generados principalmente por la extorsión, y que seguramente bajará con el proceso de modernización del sector que ha iniciado el Presidente Juan Orlando Hernández por medio del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHT) y del trabajo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

¿CÓMPLICE? PUES NO DETUVO AL HERMANO DEL PRESIDENTE.

Después de tantos casos y denuncias donde señalaban a la difunta hermana narcotraficante de Juan Hernández y el narcotraficante Tony Hernández. Julián Pacheco parece ser cómplice, pues no hizo nada para detener a estos delincuentes.

Tampoco realizó ningún acto para detener al dictador Juan Hernández y su fraudulenta reelección.

El Nacionalista Pacheco asegura que “la seguridad está cambiando”

EL IMPUESTO DE GUERRA SIGUE MANDANDO, LOS POLICÍAS Y DIPUTADOS NACIONALISTAS SON CÓMPLICES. 

El cobro del llamado “impuesto de guerra” y los asesinatos que frecuentemente cometen los delincuentes para aterrorizar más a las víctimas, no solo son, quizá, la peor y más negativamente trascendental forma de la terrible inseguridad en que sobrevivimos los hondureños, sino también la que mejor exhibe la inoperancia contra el crimen y la misma pérdida de autoridad real por parte del Estado.

El simple hecho de que, ya sean los extorsionadores o las mismas víctimas, lo hayan bautizado como “impuesto” representa el primer desafío a la autoridad del gobierno, lo que se completa con la estructura organizacional, efectividad e impunidad con que se cobra.

Si bien desde que las “maras” afianzaron su poder en Honduras comenzaron a cobrar el “impuesto de guerra” en las zonas marginales que controlaban, ha sido durante la actual administración que el problema se ha extendido a todo el transporte público y pequeños y medianos negocios como pulperías, mercaditos, panaderías, reposterías, salones de belleza, ferreterías, tiendas de abarrotes y vestuario, comedores, zapaterías y farmacias.

Pero lo peor es que mientras más emprendedores se han visto obligados a cerrar sus negocios, con el consiguiente daño económico, mientras más son obligados a pagar a los delincuentes para poder operar, mientras más son asesinados para garantizar el terror necesario para el éxito de este tipo de delitos, muy poco, prácticamente nada, hacen las autoridades del país para salir en rescate de las víctimas.

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